Tomado de Ideele Revista Nº 250
Gerardo Saravia
Editor de la Revista Ideele
Patricia Wiesse
Directora de la Revista Ideele
Secar ríos,
modificar cuencas hidrográficas, crear un río artificial de relaves, hacerlo
desembocar en el mar, desaparecer valles agrícolas, reducir áreas de pasturas;
cambiar el color del océano, matar su flora y fauna, dejar sin agua a una
ciudad, esparcir humos sulfurosos, multiplicar las enfermedades locales. Esta
destrucción omnipotente ha sido perpetrada en 59 años y no en una semana, como
el acto de creación del Universo que narra la Biblia. Con procedimientos invasivos y agresivos, la naturaleza fue
violentada ante la vista y paciencia de los sucesivos gobiernos.
Lo que vivimos
ahora – la oposición al proyecto Tía María – es producto de seis décadas de
destrucción medioambiental. La “bronca” de los pobladores del valle
del Tambo va a cumplir 60 años, y se inició cuando el viento hizo que los humos
de la refinería de Ilo giraran de sur a norte, cubriendo sus cultivos con una
capa amarillenta de polvo sulfuroso.
“El valle de Cinto,
en Tacna, se secó. Era la zona de las uvas y de los ricos vinos y piscos. La
Southern lo dejó como una pasa y se llevó el agua a Toquepala. Eso fue a fines
de los años 50. Dicen que todo era verde, pero yo lo conocí cuando estaba seco
y abandonado. Había casas medio derruidas; ya no estaban los grandes toneles en
los que se procesaba la uva. Quedaba alguna gente mayor que hacía forrajes. No
vi cultivos”,
recuerda Jorge Quesada, uno de los legendarios dirigentes que fue secretario
general del sindicato de esa empresa en los 80, años de efervescencia política
y social. Él trabajó como obrero en la fundición y vivió en el campamento
minero que era del tamaño de un distrito.
Solo queda la
huella del río: un tajo polvoriento. La poca agricultura que se realiza
actualmente en el Valle de Cinto depende de 17 pozos tubulares. En Tacna, la
irrigación Pampa Sitana corrió la misma suerte, y hoy sufre un déficit de agua
de 0.125 metros cúbicos por segundo. Candarave soportó una reducción de su área
agrícola por el mismo motivo.
Es importante
precisar que se trata de una región con una escasez de agua histórica. Allí, en
la cuenca del río Moquegua y en la cuenca del río Locumba, se instalaron las
minas de Cuajone y Toquepala, respectivamente. Para que ésta última pudiera
funcionar, la empresa utilizó los riachuelos cristalinos de los acuíferos de
las cabeceras de cuenca, y los depositó en sus dos reservorios. Construyeron
pozos tubulares que chuparon el agua del subsuelo en las pampas de
Huatire-Gentilar . Esto provocó que, desde el año 1970, disminuyera el caudal
del río Callazas que, a su vez, se alimenta de la laguna Suches. Y como esto no
fue suficiente, construyeron un dique que impidió el drenaje natural de la
laguna hacia ese río.
Se trata de una
sucesión de daños encadenados. La empresa consiguió autorización y licencias
para desviar el río Torata y ampliar el tajo de la mina Cuajone. Por eso, en
este momento, están en grave riesgo la zona de pasturas y la parte alta de los
valles Tumilaca y Torata. Hasta el año 2005, había obtenido sin ningún problema
diez autorizaciones para el uso de aguas subterráneas y superficiales, y logró
renovar la licencia de uso de agua subterránea del acuífero de la laguna de
Vizcachas y del agua superficial de la laguna de Suches, cuyas aguas fueron
derivadas a la mina.
Esta disminución de
la capa freática en la zona trajo consigo sequías que afectan el crecimiento de
los pastos, la migración de la fauna silvestre y la desertificación de los
valles.
Lo que ocurre en la
cuenca del río Moquegua es similar. Solo que además de albergar a la mina de
Cuajone, la parte baja del río ha tenido que soportar el peso de la fundición y
de la refinería de Ilo.
“Cuando llegué a
Ilo el problema principal era la falta de agua”, sostiene Quesada. El año 1975
ya no había agua en la ciudad de Ilo. Southern construyó una planta de
desalinización en la ciudad para abastecer el campamento de Ciudad Nueva. “Era
un agua salobre, de mala calidad. No se podían cocinar los frijoles porque
salían duros”,
recuerda. Como no había agua en el puerto de Ilo, los tricicleros la sacaban de
los pilones del campamento que después vendían en el puerto. Hasta que la
empresa un día les prohibió hacerlo.
El caso llegó al
Tribunal del Agua en Holanda. La presión social fue muy fuerte. En esa época el
sindicato tenía la fuerza para hacer huelgas de 45 días, la Izquierda Unida era
fuerte en la zona y los municipios eran piezas clave de este movimiento. La
batalla por el agua y en contra de la contaminación duró casi 20 años.
Finalmente, el gobierno decide construir una represa en Tacna y otra en
Moquegua que soluciona la escasez.
Qué verde era mi
valle, la película de John Ford, ganadora del Oscar el año 1941, dejó de ser
ficción cinematográfica.
Los vientos que Southern sembró
El viento era
travieso y le jugaba malas pasadas a la empresa. “El otro problema grave en Ilo
era la contaminación ambiental, producida por los humos tóxicos. Cuando el
viento soplaba en dirección contraria, llenaba de humo la ciudad, y si giraba
de sur a norte, los humos llegaban hasta el valle del Tambo, en la provincia
arequipeña de Islay”, agrega Quesada. Las cuatro chimeneas de la fundición,
ubicada al oeste de las minas, a unos metros del océano Pacífico, parecen
dragones que no paran de inundar el cielo con sus bocanadas de humo espeso.
El exdirigente
sostiene que durante el gobierno de Velasco, el Estado obligó a la Southern a
indemnizar a los agricultores del valle de Ilo, que eran productores de
aceitunas, porque el humo estaba matando los frutos de los olivos. Hubo una
protesta de los agricultores porque la empresa no quería pagarles lo que la ley
establecía. Ante esto, los agricultores del valle de Tambo también reclamaron
por los daños que les ocasionaban los humos. El dirigente añade: “La
empresa les dijo que a ellos no les tocaba nada porque estaban fuera del área
de influencia de la empresa. Por eso, el conflicto por Tía María tiene una
indignación acumulada desde entonces”.
En el año 1985,
Southern firma un acuerdo con el gobierno peruano para renovar su fundición.
Los equipos son modernos, las plantas de ácido sulfúrico y de oxígeno también.
La renovación concluyó el año 2007. Colocaron medidores con alarmas que sonaban
cada vez que los indicadores de humos sobrepasaban los límites permisibles.
Cuando eso ocurría paraban los hornos. Eso aminoró la contaminación, pero no
acabó con ella. Un año después, un informe publicado por el Observatorio de las
Empresas Transnacionales (OET), ennumera una serie de daños causados por las
emisiones de dióxido de azufre que emite la fundición. Uno de ellos es el
deterioro de la calidad de aire que produce una alta tasa de problemas
respiratorios y cancerígenos. Otro es la sulfatación de los suelos que produce
bajo rendimiento de los cultivos. Y finalmente, la presencia de la lluvia ácida
que se esparce hasta 300 kilómetros a la redonda.
Un caudaloso y hediondo río
Los relaves de la
actividad minera - estas mezclas de rocas, tierra, ácidos y venenos - siempre
son difíciles de esconder. Si hubiera una alfombra, los ocultarían debajo; pero
como la naturaleza no se los permite, los transportan por canales de conducción
a través de las quebradas. El peligro de un derrame siempre está latente. Ya
una vez este líquido pestilente se filtró en el suelo de la quebrada de Cocotea
y contaminó las acequias, campos de cultivo y reservorios de Villa Verde.
Estos desechos
tóxicos se producen luego de que se tritura el mineral en una chancadora y se
les pulveriza en unos molinos. Para hacerlo se necesita mucha agua. El mineral
que se consigue contiene partículas de cobre, molibdeno y otros minerales que
no tienen valor económico. Para ello se utilizan reactivos químicos como
cianuro y arsénico. El concentrado de cobre se transporta a la fundición de Ilo
por tren. El 30% del agua es recuperada en tanques y se vuelve a utilizar; el
otro 70% debe ser escondida, camuflada o eliminada de alguna manera. Los
relaves de Toqepala y Cuajone debieron ser almacenados, como ocurre en la
mayoría de minas de tajo abierto; pero en este caso, a la empresa Southern no
se le ocurrió mejor idea que tirarlos al mar.
Así, 21 kilómetros
antes de su desembocadura, el río Locumba soportaba un torrente contaminante y
se volvía un basurero donde echaban los relaves que llegaban de Toquepala y
Cuajone. Ese río tóxico llegaba a la bahía de Ite, ubicada en la provincia de
Jorge Basadre. Durante 35 años, diariamente, se arrojaron 119.000 toneladas de
estos desechos. Según un documento elaborado por el proyecto ERMISA (
Environmental Regulation of Mine Waters in South America), se trata de un importarte
caso de contaminación por incremento de sólidos en suspensión, disminución de
oxígeno y presencia de metales pesados.
El valle de Cinto,
en Tacna, se secó. Era la zona de las uvas y de los ricos vinos y piscos. La
Southern lo dejó como una pasa y se llevó el agua a Toquepala
Se formó una playa
fangosa y verde que crecía cada año. Aproximadamente 300 kilómetros cuadrados
quedaron contaminados. Según el mismo estudio, los relaves de menor
granulometría terminaban en el fondo marino y sepultaban los sedimentos marinos
ricos en materia orgánica. Pero esto no era todo: Un promedio de 2,000
toneladas métricas al día de escoria proveniente de la fundición, fueron
arrojados al mar durante 22 años, lo que causó el deterioro de cinco kilómetros
de litoral marino. Desaparecieron los peces y los crustáceos, que no
resistieron la vida en aguas con altas concentraciones de arsénico, cadmio,
plomo, cobre y cianuro.
Algo más que la
fundición de Ilo desechaba era el mate, una costra negra que quedaba cuando se
extraía el cobre, en el camino al valle del Tambo. Lo acumulaban y lo metían en
un tren que iba dejando esta huella pegajosa a lo largo del litoral. Ésta es otra
molestia de larga data que estos agricultores de Tambo han tenido guardada.
La recuperación de
la bahía fue una bandera de la lucha social que recién vio resultados en el año
1985, cuando la empresa detuvo la descarga de escorias y, en 1995, cuando los relaves
se empezaron a almacenar en el dique de contención de Quebrada Honda.
Un poco tarde, ¿no?
Las zonas impactadas han quedado destruidas. No sirven para la pesca; ni
siquiera para que la población disfrute de la playa. Por otro lado, un informe
técnico del año 2004 reveló que se estaban generando líquidos en el depósito de
relaves. La política del parche que cubre el chupo siguió reinando.
Ollanta, ¿te acuerdas de Locumba?
Contrario a lo que
pueda pensarse, por la suerte que está corriendo su proyecto Tía María,
Southern es una empresa afortunada: tuvo el extraño privilegio de ser la única
en su rubro en no ser estatizada por Velasco. A pesar de todas las denuncias,
sanciones y conflictos con la población se ha mantenido vigente por más de
medio siglo.
Una de las víctimas
de esta explotación minera es la provincia de Candarave, en Tacna. Sus
pobladores se quejan de la paulatina ruina de sus fuentes de agua, la pérdida
de su producción y de haber recibido una compensación insignificante. No se
encuentran considerados en el área de influencia de la mina a pesar de ser los
proveedores de agua.
Candarave se
encuentra en la cuenca Locumba, que es una de las más afectadas. Se le ha
otorgado a Southern la licencia para utilizar 1,950 litros de agua por segundo
(510 de aguas superficiales y 1,400 litros de agua subterránea.) “¡Imagínense
tanta agua! Esto ha afectado especialmente al río Callazas que abastecía
nuestra irrigación de 8,800 hectáreas”, refiere Félix Laura, presidente
de la comisión de regantes del distrito de Quilaguani, en dicha provincia.
Desde hace muchos años su comunidad viene luchando porque se haga una revisión
de la licencia, ya que- de acuerdo a su demanda- no es posible que la empresa
se lleve agua dulce para su explotación y que a ellos los vayan dejando
paulatinamente sin agua.
Laura dice que
ellos no están en contra de la minería, ni tampoco piden que se vaya Southern.
Total, ya hace mucho que están en la zona y no pretenden entablar una lucha
estéril. Lo que piden es que no les malogren sus actividades básicas: la
agricultura y la ganadería, sobre todo ahora que el Estado ha aprobado el
proyecto de la ampliación de Toquepala.
Después de que el
río Locumba sufriera los embates descritos anteriormente, y la agricultura se
fuera a pique, los productores de la cuenca se concentraron en la ganadería.
Esta región se convirtió en la tierra del famoso cordero candavereño, que tanto
se ha celebrado en las últimas ediciones de Mistura. Pero ahora su crianza ha
disminuido de manera considerable. “Teníamos miles de cabezas de ganado vacuno,
entre ellos nuestro cordero de Candarave. Antes, el que menos tenía de 100 a
200 cabezas, ahora máximo tiene entre cuatro y cinco. Las tierras las tenemos
aquí, pero no hay agua para regarlas. Los jóvenes han emigrado a Tacna”,
se queja un poblador.
Lo mismo ocurre con
la agricultura. Sus tierras antes producían maíz, papa, y habas para la venta.
Ahora solo alcanza para el consumo. La producción de maíz ha sido la que más se
ha afectado. Ha disminuido en 70%. De las 8,800 hectáreas solo pueden regar el
50%.
Félix Laura
sostiene: “La Southern es la responsable de haber disminuido considerablemente el
agua en las lagunas Aricota y Suches y de haber secado la laguna de Vizcachas”.
En la laguna de
Aricota funciona una hidroeléctrica que provee de energía a la mina de
Toquepala. Hasta hace algunos años, esa laguna tenía capacidad para 800
millones de metros cúbicos de agua: ahora no llega ni a 120. En el nuevo
proyecto se ha previsto que se extraerá 1,950 litros por segundo de la
languideciente laguna Suches y sus pozos perforados. “Nosotros hemos tenido una
licencia para hacer irrigación de 3,000 litros por segundo del rio Callazas. El
2002 llegamos a tener licencia de 2,346 litros por segundo. En estos momentos no
contamos ni con mil. El rio disminuye porque Southern tiene 12 pozos perforados
y de ahí bombea para Toquepala y Cuajone. Lógicamente tiene que disminuir, la
afectación es directa” señala el presidente de la comisión de regantes.
Los pobladores de
Quilaguani quieren que les devuelvan sus aguas y se cumpla con la ley, para que
la ampliación de Toquepala pueda desarrollarse.
Una de las
alternativas para que el proyecto funcione con agua de mar desalinizada. La
misma solución que está planteando Southern en Tía María, luego de tres muertos
y a seis años de su primer Estudio de Impacto Ambiental. Otra posibilidad es
captar el agua azufrada que les malogra sus sembríos. Podrían captar 2,000
litros por segundo. O hacer el trasvase del río Desaguadero. Todas estas
alternativas presentan un gran problema para la empresa: suponen una mayor
inversión.
Siendo Candarave la
provincia que provee de agua a Southern para su explotación, no está
considerada en el área de influencia de la mina. Por eso lo que reciben como parte
de la repartición conjunta es una cantidad irrisoria en comparación de lo que
dan, del perjuicio y del beneficio que reciben otras comunidades. Mientras que
sus vecinos de Ilavalla reciben 40% de canon ( 27 millones de soles el año
pasado), Candarave solo recibió dos millones.
La multas de Southern
No siempre esta
empresa ha actuado con impunidad, sino más bien con cinismo, y ello se refleja
en la cantidad de sanciones de las que ha sido objeto: doce multas desde que se
creó la OEFA, en el año 2008. Cinco de ellas por procesos administrativos debido
al incumplimiento de normas de protección ambiental, tres por incumplimiento
del instrumento de gestión ambiental, dos por incumplimiento de las
disposiciones administrativas y otras dos por incumplimiento de normas
referidas a los residuos sólidos.
En total, la suma
asciende a 530, 745 dólares, que termina siendo una bicoca en relación al
perjuicio causado y, sobre todo, a la inversión que supondría evitar estas
irregularidades. La vulneración de la normatividad ambiental termina siendo una
opción muy rentable. Mucho más cuando se tiene un Estado que se pone del mismo
lado del mostrador y ha reducido las multas de la OEFA en un 50%.
En el año 2010 el
alcalde de Candarave, Mario Copa Conde, denunció que su provincia se encontraba
al borde de la desertificación (pérdida de la capacidad de producción de un
suelo), y pedía que los doce pozos que extraen agua del subsuelo dejaran de
bombear. Dieciséis años después, los pozos siguen intactos. El Estado, lejos de
tomar medidas para revertir esta catástrofe ambiental, insiste en hacer oídos
sordos a los cuestionamientos de la población respecto a la ampliación del
proyecto de Toquepala.
No siempre esta
empresa ha actuado con impunidad, sino más bien con cinismo, y ello se refleja
en la cantidad de sanciones de las que ha sido objeto: doce multas desde que se
creó la OEFA
Un pasado que no
pasa
Con Southern no es
suficiente la frase “su pasado lo condena”. Los hechos relatados vienen a ser
una suerte de madre del cordero que explican el resentimiento y la desconfianza
de la población que se rebela al proyecto Tía María. No son un mal recuerdo
sino, más bien, expresión muy actual de cómo se relacionan con la población.
En Tía María, el
primer Estudio de Impacto Ambiental (EIA) fue declarado inadmisible por el
Estado, debido a su inconsistencia advertida y rechazada por la población.
Tuvieron más de cinco años para estructurarlo bien, pero nada. No es solo que
la población ya no les crea, sino que el propio documento dejaba muchas dudas.
El Observatorio de
Conflictos Mineros de Cooperacción encontró una serie de incongruencias en un
estudio que estuvo oleado y sacramentado. Pero no fueron los únicos. El propio
Ministerio de Energía y Minas realizó 138 observaciones cuyas respuestas no
dejaron satisfechos a los pobladores.
Según Ana Leyva, de
Cooperacción, hay tres deficiencias graves: que no se brinda mayor información
sobre la presencia de oro en el yacimiento; que no existe garantía de que la
cantidad y calidad del agua alrededor del proyecto no serán afectados negativamente;
y que no existe garantía de que habrá un adecuado plan de manejo ambiental de
la planta de desalinización de agua de mar.
El caso de la
salmuera es especial porque tiene que ver con uno de los principales
ofrecimientos de la empresa: la desalinización. En el proyecto se contempla
devolver la salmuera al mar, lo cual puede tener consecuencias funestas para la
ecología. El ministerio, preocupado por ello, recomendó que se hiciera un
ensayo de ecotoxicidad con bioindicadores como la artemia franciscana. La
empresa le tiró arroz a la sugerencia: “ En lugar de realizar un ensayo de
ecotoxicidad, se implementará un programa de monitoreo ambiental participativo.
¿Por qué insistir en echar la salmuera al mar? ¿Por qué mejor no hacen sal para
almacenarla y venderla?”, se pregunta la especialista.
Hay observaciones
hechas por el Ministerio de Energía y Minas que parecen las correcciones de un
examen escolar. En la número 21, por ejemplo, solicitan precisiones sobre la
ubicación de los componentes del proyecto y que se adjunte un mapa sobre la
ubicación. “La ubicación de lugares como la cancha chancadora deben ir en el
resumen ejecutivo. ¿Cómo generas una relación de confianza si levanta
suspicacias con este tipo de cosas? ”, concluye Leyva.
Por su parte, José
de Echave, exviceministro de Ambiente, considera que el Estado debe ser más
riguroso en las evaluaciones de los EIA y muy drástico cuando el propio estudio
tiene falencias. “El Estado podría haber declarado inadmisible el EIA de Tía
María porque faltaba tal o cual información; no digo desaprobar, pero si
declararlo inadmisible para darle un mensaje a una empresa que sabemos no tiene
los mejores antecedentes en el país”, manifiesta.
A esto hay que
añadir que los funcionarios encargados de ver los EIA están muy presionados por
aprobarlos. Ahora solo tienen 45 días para dar un veredicto. Y, por lo general,
siempre es favorable a la empresa. Se trata de documentos de miles de páginas.
Los funcionarios no se dan abasto, y si se demoran deben afrontar sanciones muy
duras. En el anterior gobierno se llegó a aprobar un promedio de 265 informes
al año.
“Uno se da cuenta
que muchos EIA son unos mamarrachos porque se hacen bajo la hipótesis de que
nadie los va a revisar. Son un copy- paste. Algunos están escritos por partes
en castellano e inglés. Jalan información de otros documentos porque nadie los
revisa con rigurosidad”, advierte José De Echave.
Lo que está
ocurriendo en Islay estaba cantado. Uno tras otro, los gobiernos se fueron
pasando esta papa caliente hasta que llegó al rebelde de Locumba. Ahora el
levantamiento es contra él.
(Foto: La República)
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