Escribe: Alfredo Palacios
Dongo.
El pasado día 8 se inició la Reunión Anual del
Grupo del Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional, analizándose como
las políticas económicas de los países sirven como prevención del cambio
climático, resaltándose que, para este fin, Zambia y Filipinas, realizaron
arreglos institucionales incrementando sustancialmente sus presupuestos en 40%
y 25% respectivamente.
El ministro del Ambiente Manuel Pulgar-Vidal
manifestó que “tenemos que tomar acciones rápidas ante el cambio climático”,
pero parecieran ser declaraciones coyunturales, porque siendo uno de los países
más vulnerables del mundo y sufriendo ya sus graves consecuencias no actuamos
en adaptación, reducción de vulnerabilidades y mitigación. El 2012 el gobierno
presentó el Plan ante el Cambio Climático (PlanCC), pero recién en la Fase I
(hasta 2014) se está revisando opciones y escenarios de largo plazo.
Los efectos del calentamiento global ocasionan
en nuestro país escasez de agua por grave reducción de nuestros glaciares que
en los últimos 35 años han disminuido 22% –equivalente a la pérdida de 7,000 millones de
m3 de agua, o de 10 años de consumo de agua en Lima– afectando
el consumo humano, procesos industriales y generación energética, pero
principalmente impacta sobre la agricultura, además de falta de agua para
riego, las sequías, heladas o exceso de lluvias ocasionan en cada campaña
pérdidas de 15,000 hectáreas de cultivos, y también, a la producción pesquera
por aumento de temperatura del agua de mar, y hasta pérdida de biodiversidad y
extinción de especies.
Bajo este panorama, nuestras emisiones de gases
de efecto invernadero (GEI) se incrementan en proporción al crecimiento
económico. Según el Ministerio del Ambiente, requerimos cientos de millones de
dólares para el proceso de adaptación pero solo contamos con US$ 100 millones
de cooperación internacional. De recursos del Fondo Verde para el Clima,
establecido por la ONU en 2010, hemos accedido a US$ 50 millones para reducir
la deforestación, la cual, sin embargo, sigue destruyendo nuestros bosques a
razón de 160,000 hectáreas anuales.
Si el gobierno, aparte de la cooperación
internacional, no otorga suficientes recursos para el proceso de adaptación y
mitigación a este fenómeno (predicción de eventos climáticos, gestión del agua,
energías renovables, manejo de residuos y deforestación) como lo están haciendo
otros países, estaremos lamentando pérdidas al 2050 de hasta US$ 855,000
millones (según estudio del BCR), afectando gravemente nuestro PBI y años de
crecimiento.
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