sábado, 24 de febrero de 2018

ARRASAN BOSQUES EN REGIÓN UCAYALI





El pasado día 15, en un operativo conjunto de la Marina de Guerra y la Policía Nacional, se logró incautar en la quebrada Caco Macaya (al margen del río Ucayali, en el distrito de Iparia, provincia Coronel Portillo, región Ucayali) un cargamento de 880 trozas de madera (trozas: grandes troncos aserrados por sus extremos para sacar tablas) de las especies cumala, huayruro y cachimbo, los cuales carecían de guías de transporte forestal que acrediten su procedencia. Fuentes policiales indicaron que en dicha zona se habrían detectado muchas más trozas de madera ilegal, alrededor de 4,500.

En la región Ucayali, entre noviembre y diciembre 2016, fueron intervenidos enormes cargamentos de madera ilegal (34,000 pies tablares) en los puertos de Yarinacocha y el río Ucayali, y en setiembre 2017 fueron asesinados por presuntos traficantes de tierras seis agricultores que se dedicaban a la producción maderera en el distrito Nueva Requena, provincia de Coronel Portillo. Conforme a lo reportado el pasado día 7 por el Proyecto de Monitoreo de los Andes Amazónicos (MAAP), en 2017 Ucayali y Madre de Dios son las regiones con deforestación excesiva, Ucayali es la región más afectada por el avance descontrolado de la actividad agropecuaria (quema de bosques para cambio de uso en agricultura, cultivos de palma aceitera, arroz, y ganadería), además de tala ilegal, actividades extractivas, y construcción de carreteras en zonas sensibles de bosques primarios y de poblaciones indígenas, es así que la deforestación en esta región llegó el año pasado a 23,240 hectáreas, casi el doble que toda la extensión del Callao (146.98 km2 = 14,698 hectáreas)


Bajo este panorama se pone en evidencia el arrasamiento de bosques en Ucayali, pero además esto sucede en gran parte de nuestra Amazonía, la baja valoración de nuestros bosques, insuficiencia de políticas públicas para conservarlos (tenemos desde 2011 una ley forestal Nª 29763, reglamentada en 2015, pero hasta la fecha no tenemos un Plan Nacional Forestal), además, inadecuada gestión del patrimonio forestal (procesos de permisos, demarcaciones de tierras, corrupción, burocracia, incumplimientos de normas, permisividad de autoridades) que representan las principales causas de deforestación cada año de 150,000 hectáreas de bosques, con el agravante que gran porcentaje de madera que comercializamos se considera de origen ilegal; según una investigación de noviembre 2017 del Centro para el Derecho Ambiental Internacional (CIEL) 71 % de madera peruana enviada a China y 75 % a México es de origen ilegal.
* Vicealmirante de la MGP.
Ex-Comandante General de la Marina de Guerra del Perú. Miembro del Consejo Consultivo de la Comandancia General de la Marina de Guerra del Perú. Consultor en asuntos marítimos. Magister en Relaciones Internacionales y de Ciencia Política.

jueves, 15 de febrero de 2018

Derecho de acceso a la justicia ambiental


AGENDA VERDE




Por: Patty Altamirano
La presión en el mundo por contar con fallos justos en casos donde uno de los afectados es el medio ambiente ha logrado que se creen tribunales y juzgados ambientales. Sin embargo, estos avances podrían correr el riesgo de ser “letra muerta” si el Estado y sus representantes no tienen la voluntad política de ponerlas en práctica sin caer en favoritismos, o ignorarlos.

Por ello, hay que saludar el reciente anuncio de crear el primer Juzgado Ambiental del Perú, que comenzaría a funcionar en marzo en la ciudad de Puerto Maldonado, Madre de Dios. Justo donde ocurren actividades de minería ilegal y otros delitos.

Lo interesante en el juzgado ambiental peruano es que el tribunal trabajará con procesos ya judicializados, lo cual significa que son casos concluidos por la Policía y la Fiscalía.
Un hecho destacable, como lo mencionó la ministra del Ambiente, es que “la creación del juzgado ambiental es una muestra del compromiso multisectorial entre los poderes del Estado para tomar acciones concretas y articuladas para afrontar delitos ambientales”.

Para ejercer el derecho de acceso a la justicia ambiental, hay que analizar la idoneidad de los jueces y su conocimiento sobre asuntos ambientales. Es necesario que nuestros jueces sean capacitados en todo tipo de conflictos ambientales, aunque exista una pasividad y resistencia, sobre todo de los órganos competentes.

Cassandra Burdyshaw (2012), en su artículo “¿Qué puede aprender Chile de la experiencia de otros tribunales ambientales en el mundo?”, señala que los tribunales ambientales fueron concebidos como una solución justa y transparente para avanzar en la búsqueda del equilibrio armónico entre la protección del medio ambiente y la promoción del desarrollo. 

Efectivamente, en el mundo, los tribunales ambientales son cada vez más reconocidos por sus logros y por el papel central al hacer cumplir las leyes ambientales, interpretarlas y resolver reclamaciones. Según la autora, se estima que existen en el mundo 350 tribunales ambientales ubicados en 41 países, y que más de la mitad fueron creados a partir del año 2004. Sin embargo, este avance se ve estancado ya que muchas controversias ambientales son resueltas por tribunales de jurisdicción general, aplicando los principios del derecho general y administrativo.

India es otro ejemplo al promulgar, en junio de 2010, la “Ley Nacional del Tribunal Verde”, que establece un sistema nacional de tribunales ambientales. Costa Rica cuenta con un tribunal especializado en controversias ambientales, pero como parte del Ministerio del Medio Ambiente y no del Poder Judicial.

El siguiente paso en el país sería crear fiscalías ambientales con el fin de fortalecer el derecho ambiental, con lo cual las resoluciones de casos permitirían una mejor defensa de los derechos ciudadanos y una mejor comprensión técnica relacionada con esta rama del derecho.
Fuente: Diario Expreso. 15 febrero 2018