AGENDA VERDE
Por: Patty Altamirano
La presión en el mundo por
contar con fallos justos en casos donde uno de los afectados es el medio
ambiente ha logrado que se creen tribunales y juzgados ambientales. Sin
embargo, estos avances podrían correr el riesgo de ser “letra muerta” si el
Estado y sus representantes no tienen la voluntad política de ponerlas en
práctica sin caer en favoritismos, o ignorarlos.
Por ello, hay que saludar el
reciente anuncio de crear el primer Juzgado Ambiental del Perú, que comenzaría
a funcionar en marzo en la ciudad de Puerto Maldonado, Madre de Dios. Justo
donde ocurren actividades de minería ilegal y otros delitos.
Lo interesante en el juzgado
ambiental peruano es que el tribunal trabajará con procesos ya judicializados,
lo cual significa que son casos concluidos por la Policía y la Fiscalía.
Un hecho destacable, como lo
mencionó la ministra del Ambiente, es que “la creación del juzgado ambiental es
una muestra del compromiso multisectorial entre los poderes del Estado para
tomar acciones concretas y articuladas para afrontar delitos ambientales”.
Para ejercer el derecho de
acceso a la justicia ambiental, hay que analizar la idoneidad de los jueces y
su conocimiento sobre asuntos ambientales. Es necesario que nuestros jueces
sean capacitados en todo tipo de conflictos ambientales, aunque exista una
pasividad y resistencia, sobre todo de los órganos competentes.
Cassandra Burdyshaw (2012),
en su artículo “¿Qué puede aprender Chile de la experiencia de otros tribunales
ambientales en el mundo?”, señala que los tribunales ambientales fueron
concebidos como una solución justa y transparente para avanzar en la búsqueda
del equilibrio armónico entre la protección del medio ambiente y la promoción
del desarrollo.
Efectivamente, en el mundo, los tribunales ambientales son cada
vez más reconocidos por sus logros y por el papel central al hacer cumplir las
leyes ambientales, interpretarlas y resolver reclamaciones. Según la autora, se
estima que existen en el mundo 350 tribunales ambientales ubicados en 41
países, y que más de la mitad fueron creados a partir del año 2004. Sin
embargo, este avance se ve estancado ya que muchas controversias ambientales
son resueltas por tribunales de jurisdicción general, aplicando los principios
del derecho general y administrativo.
India es otro ejemplo al
promulgar, en junio de 2010, la “Ley Nacional del Tribunal Verde”,
que establece un sistema nacional de tribunales ambientales. Costa Rica cuenta
con un tribunal especializado en controversias ambientales, pero como parte del
Ministerio del Medio Ambiente y no del Poder Judicial.
El siguiente paso en el país
sería crear fiscalías ambientales con el fin de fortalecer el derecho
ambiental, con lo cual las resoluciones de casos permitirían una mejor defensa
de los derechos ciudadanos y una mejor comprensión técnica relacionada con esta
rama del derecho.
Fuente: Diario Expreso. 15 febrero 2018
No hay comentarios:
Publicar un comentario