La Hidroeléctrica de Belo Monte en el río Xingú.

De conformidad al Artículo N° 43 de nuestra Constitución, la República del Perú es democrática, social, independiente y soberana. El Estado es uno e indivisible. El gobierno es unitario, por tanto, detenta la soberanía, establece disposiciones de carácter nacional y no se puede separar por partes.

El gobierno nacional ha contratado a tres peritos reconocidos a nivel internacional, para realizar una revaluación al Estudio de Impacto Ambiental (EIA) de Conga. Ellos ya se encuentran trabajando en la zona y tendrán la última palabra sobre la viabilidad de este ambicioso proyecto minero.

Gregorio Santos presidente de la región Cajamarca tiene el asesoramiento del Grupo de Formación e Intervención para el Desarrollo Sostenible (Grufides) que lidera el ex padre Arana y preparan un peritaje paralelo sobre el mismo proyecto. Santos fiel a su estilo confrontacional estaría buscando bloquear el proyecto a nivel internacional. Doble esfuerzo para un mismo fin.

En otras latitudes, muy cerca en el vecindario, la construcción de la presa de Belo Monte en el estado de Pará, norte de Brasil solucionará las necesidades de energía para el gigante sudamericano. Según el Centro de Investigaciones en Economía y Negocios (CIEN) con sede en Londres, Brasil se ha convertido en la sexta economía del mundo.

Las necesidades de energía para el futuro de esta nación, han obligado a la construcción de la hidroeléctrica de Belo Monte. Esta central tendrá una capacidad instalada de 11.000 MW a un costo de 11.000 millones de dólares. Será la segunda mayor en Brasil, después de Itaipú y tercera del mundo detrás de Tres Gargantas (China).

Según ambientalistas esta obra inundará más de 500 Kms 2 de selva, causará efectos desastrosos en los ecosistemas, la destrucción de la flora, fauna, migración y desaparición de especies. Cambiará la forma de vida 45, 000 indígenas que viven cerca del río del río Xingú afluente del Amazonas.

Ambientalistas, pobladores locales y comunidades indígenas se oponen al proyecto. Hubo gestiones de todo tipo, incluso la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) el 1º de Abril de 2011, suspendió su construcción y dispuso se consulte a los pueblos indígenas afectados por las obras.

Sin embargo, a diferencia de nuestro país, el gobierno de Brasil aplicando el principio de autoridad, ha decidido seguir adelante con este proyecto, porque finalmente contribuirá al desarrollo de su país y permitirá mejorar las condiciones de vida de sus habitantes.